«compete a los municipios determinar si éstas importan la realización de juegos de azar o de destreza”, pero también se “ha precisado que las municipalidades no pueden otorgar dicha habilitación si no han comprobado fehacientemente que tales máquinas no son susceptibles de ser calificadas como juegos de azar, pues solo mediando una ley puede autorizarse a los particulares a que operen estos últimos, constituyendo un delito su realización al margen de las disposiciones pertinentes”.

«el derecho al cobro del sueldo prescribe en el plazo de dos años desde la fecha en que se hubiere hecho exigible la suma respectiva.»

«Entre los funcionarios públicos no beneficiados con la suma señalada, se encuentran aquellos trabajadores que su remuneración fue fijada conforme a las normas de negociación colectiva establecidas en el Código del Trabajo; aquellos funcionarios cuya remuneración es determinada o pagada en moneda extranjera y aquella que es pagada por la entidad empleadora, como los servidores regidos por el Código del Trabajo.»

se permite la invalidación de oficio o a petición de parte de un acto administrativo por parte de la autoridad competente para que ejerza tal facultad en el transcurso de 2 años desde su dictación, y así “deje sin efecto los actos emitidos con infracción a derecho, plazo que, según se precisó en el dictamen N° 18.353, de 2009”, es de caducidad y no de prescripción».

“el órgano público emisor de la resolución referida deberá abstenerse de expresar en los vistos la mención a un «desistimiento judicial» cuando dicha presentación sea efectuada ante el Ministerio Público”.

«en las condiciones administrativas se permite la adjudicación parcial, en condiciones que por tratarse de un servicio global y único a ofertar, el adjudicado necesariamente es aquél que obtiene el mayor puntaje en el concurso».

«no procede establecer como límites urbanos los deslindes de predios existentes identificados en función de su rol, destino o propietario, por cuanto dichas situaciones son esencialmente modificables».

“tras su nombramiento por decreto supremo los Ministros de Estado pasan a ejercer una función pública en calidad de autoridades de gobierno”, quedando “obligados a respetar la normativa constitucional y legal en torno al principio de juridicidad, de probidad administrativa y de apoliticidad»

“los decretos alcaldicios relativos al personal rigen in actum, esto es, desde la fecha de su notificación al afectado, sin que su eficacia se subordine al trámite de registro al que se encuentran sujetos, ya que este consiste en una mera anotación material del acto administrativo respectivo, y no constituye en sí un control preventivo de legalidad, debiendo este Organismo Fiscalizador, para tales efectos, llevar un registro del personal municipal”

“dable anotar que de conformidad con el artículo 32, N° 8, de la Constitución Política, tales funcionarios son de la exclusiva confianza del Presidente de la República”, en el marco de “una atribución constitucional que es privativa del Presidente de la República, la cual no se encuentra sometida a proceso concursal alguno”