Esto, a propósito de que el Centro de Conciliación y Mediación conoció reclamos de dos exfuncionarias a contrata de Carabineros de Chile, que impugnaron la decisión de no renovar sus contratas para el año 2020.

El ente contralor sostuvo que, de lo contrario, se podría mermar la debida imparcialidad en el cumplimiento de la función consultiva que corresponde a dichos órganos, en el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

El funcionario, al ser notificado de otra medida disciplinaria, reaccionó de manera descontrolada e inadecuada contra el sistema jerárquico y disciplinario y procedió a desprenderse, sin causa o motivo justificado, de su arma y placa de servicio.

El documento sostiene que el Estado, más que fijar precios, debe apoyar el acceso de la población a los bienes necesarios para enfrentar la pandemia.

El ente contralor concluyó que esa corporación deberá arbitrar las providencias conducentes a corregir varios aspectos, dando cuenta de todo ello a la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, en el plazo de 10 días hábiles contado desde la recepción del presente oficio.

El ente fiscalizador sostuvo que la PDI no ha aportado nuevos antecedentes de hecho o de derecho que ameriten la reconsideración del dictamen N° 4.558, de 2019.

Asimismo, el órgano contralor sostuvo que la acción de cobro de dicha deuda prescribe en el plazo de cinco años establecido en el artículo 2.515 del Código Civil.

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El ente contralor adujo que los anotados controles, según dispone la ley, deberán ser aleatorios, imprevistos y de carácter reservado.

El ente fiscalizador sostuvo esto, pues la destinación, comisión de servicio y cometido funcionario, son instituciones jurídicas distintas, considerando que tienen diferencias en cuanto a su duración, lugar de desempeño y funciones a desarrollar.