El dictamen concluye manifestando que la modificación de rentas sólo puede operar una vez que el acto administrativo que ordena esa promoción sea totalmente tramitado.
Concluye la CGR aduciendo que en los registros del Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado aparece que la afectada realizó labores como dependiente en el sector público.
Aduce la CGR que las convenciones de que se trata no podrÃan quedar supeditadas al consentimiento de ese cuerpo colegiado.
La CGR recordó que en los dictámenes N°s. 42.601 y 80.868, ambos de 2014, resolvió que quienes laboran para la Administración bajo la mencionada modalidad, no son funcionarios.
La CGR concluye sosteniendo que, de haberse configurado un vicio que hubiese incidido en la licitud de la mencionada resolución, no resultarÃa posible que, en la actualidad, la Armada la deje sin efecto, atendido el transcurso del señalado plazo.
El órgano fiscalizador concluye sosteniendo que no corresponde aplicar el antedicho inciso segundo del artÃculo 2.1.21 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
El Contralor manifiesta que dictámenes anteriores han resuelto que procede el pago de la dieta en la medida que se cumpla con tres requisitos copulativos: a) que se celebre la respectiva sesión; b) que el consejero asista, y c) que este se encuentre presente durante todo su desarrollo, hasta su término.
La CGR concluye manifestando que el municipio deberá velar por que las modificaciones que realice se ajusten al ordenamiento jurÃdico vigente y a los criterios expresados en la jurisprudencia administrativa del Órgano Fiscalizador.
La CGR concluye que no procede instruir procedimientos disciplinarios ni administrativos en contra del alcalde y concejales, toda vez que estos últimos no revisten la calidad de funcionarios municipales.
La CGR concluye sosteniendo que la exfuncionaria, contratada como reemplazante, no pudo gozar del fuero maternal más allá de la fecha de término de su contrata.
