El ente fiscalizador expone que la circunstancia de que el referido reglamento no se haya reformado, no exime a la municipalidad del deber de ejercer las funciones legales asignadas.
El órgano contralor hace presente que la preceptiva que regula la probidad administrativa concibe a ésta como una directriz que se impone a los servidores de la Administración del Estado y no a los órganos respectivos.
En cuanto a la posibilidad de la peticionaria que el referido permiso sea traspasado al padre del menor, la Contraloría prescribe que en caso que el padre y la madre sean trabajadores, ambos podrán acordar que sea el padre quien ejerza el derecho.
La Contraloría concluye señalando que también debe objetarse que la imputación presupuestaria contenida en el N° 2 del instrumento en examen solo comprende la primera cuota de la compensación fijada por el acuerdo de que se trata.
El dictamen de la Contraloría concluye manifestando que no se advierte irregularidad en la decisión del organismo reclamado en orden a no haber considerado al recurrente para la AFET del año 2016.
La Contraloría aclara que regula la actividad del Ministerio Público en relación con un procedimiento penal, sin que exista fundamento para extender su aplicación a las contravenciones de naturaleza administrativa.
El ente de control sostuvo que desde el 1 de julio de 1991, fecha de entrada en vigencia de la ley N° 19.070, el vínculo de los docentes con las municipalidades es de naturaleza estatutaria, el que se materializa mediante la dictación de un decreto alcaldicio de nombramiento o designación.
La Contraloría concluye que no se advierten irregularidades en la decisión adoptada por la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, en orden a disponer que reclamante desempeñe labores de refuerzo en aula común para ejecutar las actividades de docencia de educación especial diferencial para las cuales se encuentra designada.
La Contraloría sostuvo que los recursos puestos a disposición de los órganos de la Administración del Estado deben destinarse exclusivamente al logro de sus objetivos propios fijados tanto en la Carta Fundamental como en sus leyes orgánicas.
El instructivo aborda diversos aspectos, tales como la municipalidad en que debe pagarse el permiso de circulación; la época de su renovación; la emisión electrónica de los permisos, entre otros.
