Esto, se consultó considerando que no existe normativa que regule la jornada de trabajo de ese personal, ya que por la naturaleza de sus tareas tendrían un trabajo continuo y permanente los siete días de la semana.
El órgano contralor expuso que dentro de los criterios de evaluación para seleccionar la propuesta estaba el valor económico y no la cantidad de calefactores a adquirir, por lo que las diferencias producidas, no puede considerarse como un error esencial que vicie el procedimiento.
Esto, por tratarse de ser un órgano creado por el Estado para ejercer funciones y potestades públicas y, asimismo, por el hecho de estar financiado con presupuesto público.
Esto, a propósito de consulta del alcalde de la Municipalidad de San Joaquín, quien solicita un pronunciamiento relativo a si los municipios de La Florida, Ñuñoa y Macul deben contribuir con los gastos por consumo de energía eléctrica y mantención de los semáforos que indica.
Esto, a propósito de consulta del diputado Fidel Espinoza, quien habría tenido antecedentes acerca de la asistencia del Jefe de DAEM de la Municipalidad de Puerto Montt, a un casino de juego.
No es procedente invocar un desconocimiento de las normas legales.
El ente contralor adujo que la ausencia de propuesta pública sin la debida fundamentación tiene especial trascendencia si se considera que el objeto de la Fundación es el tratamiento, a través de múltiples operaciones, de importantes volúmenes de datos provenientes de instituciones públicas.
El ente fiscalizador expuso que beneficios fueron calculados en los términos previstos en la ley de la ex Caja de Retiro y Previsión de los Empleados Municipales de la República, norma aplicable en la especie, en consideración a su desempeño en la aludida entidad edilicia.
No se encuentra acreditado que los hechos invocados en el recurso constituyan un acto arbitrario o ilegal por parte de la Contraloría General de la República.
El ente contralor adujo que, en la especie, la Dirección del Trabajo descontó erróneamente de las remuneraciones del solicitante cotizaciones por un lapso superior a cinco años, siendo posible presumir, además, que en tal situación hubo buena fe y justa causa de error por parte del afectado.
No se vislumbra vulneración actual de los derechos constitucionales que se acusaron transgredidos.
