CGR rechaza reclamo de funcionaria de la CAJ por prórroga de contrato en calidad de abogada auxiliar.
La CAJ informó que sus trabajadores son funcionarios públicos a los cuales no se les aplica el Estatuto Administrativo.
La CAJ informó que sus trabajadores son funcionarios públicos a los cuales no se les aplica el Estatuto Administrativo.
Se indica que ni ese servicio ni la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez pertinente notificó el rechazo de las mencionadas licencias.
No se aportaron antecedentes nuevos de hecho, o de derecho, que permitieran alterar el criterio expuesto en el dictamen N° 23.240 de 2016.
La ContralorÃa hace presente que estas últimas organizaciones son personas jurÃdicas de derecho privado sin fines de lucro.
El peticionario aduce que no existe ninguna referencia en la ley sobre cómo se efectuará la transición.
El servicio en cuestión informó que dicho proceso fue tramitado conforme con la normativa que regula la materia.
Se concluye manifestando que la desvinculación del exfuncionario de la PDI, por haberse declarado su salud como irrecuperable, se ajustó a derecho.
La peticionaria adujo que fue objeto de un examen sicológico en los términos de la Ley N° 19.464, el cual no habrÃa cumplido con el protocolo respectivo.
No existe norma legal que permita a un parlamentario, individualmente considerado, solicitar la aludida información.
Se denuncia que no se ha fiscalizado el otorgamiento de beneficios incluidos en esa ley.