El ente contralor sostuvo que oficio N° 5.038, de 2018, previno que quienes sirven empleos a contrata solo pueden ejercer o subrogar un cargo de jefatura cuando una norma legal así lo autorice.
El ente contralor sostuvo que los oficiales de reclutamiento y los empleados civiles de la DGMN se encuentran sujetos a este último cuerpo legal solo en lo referido a sus remuneraciones, las que, de conformidad con el artículo 3°, letra h), de este último estatuto, consisten en cualquier contraprestación en dinero que el personal tenga derecho a percibir en razón de su empleo.
El ente contralor indicó que esto, toda vez que funcionaria se ha desempeñado en calidad de destinada en una unidad penal.
Los solicitantes reclamaban que el Ministerio de Educación no les transfirió la subvención anual de apoyo al mantenimiento de los establecimientos educacionales.
El ente contralor expresó que registrar como transacciones devengadas aquellas que se encuentran en etapas previas de afectación del gasto vulnera el principio de juridicidad.
El ente contralor indicó que ni el recurrente ni su hermana se encuentran en alguna de las situaciones que indica el artículo 121, por cuanto ambos exceden las edades indicadas y no acompañan ningún antecedente que permita inferir que tienen la condición de inválidos.
El ente contralor indicó que el cambio de jurisprudencia solo genera efectos para el futuro, sin afectar las situaciones acaecidas durante la vigencia de la doctrina que ha sido sustituida por el nuevo pronunciamiento.
El ente contralor indicó que dicha prerrogativa supone que quien la ejerza tenga derecho a ambos beneficios -pensión no contributiva y bono de reconocimiento-, exigencias que no se cumplen en la especie, por lo que se rechaza su pretensión.
El ente contralor sostuvo que la práctica profesional de los egresados de derecho constituye una obligación legal para quienes pretenden obtener el título de abogado, la que se encuentra totalmente regulada en la ley y su reglamentación complementaria.
El ente contralor indicó que procede que el Ejército regularice la situación del interesado, , informando de ello tanto al interesado como a esta Contraloría General en el plazo de 30 días contado desde la recepción de este pronunciamiento.
