El ente contralor tuvo en consideración lo dispuesto en el artículo único de la ley N° 9.585, acorde al cual la incompatibilidad entre las funciones judiciales con toda otra remunerada con fondos fiscales o municipales, no rige respecto de los abogados integrantes de los Tribunales Superiores.

El ente contralor adujo que el plazo de la prescripción que extingue las acciones para el cobro de cotizaciones, multas, reajustes e intereses, es de cinco años contado desde el término de los servicios.

Esto, a propósito del reclamo de exfuncionaria, solicitando beneficio de un año de abono producto de un accidente sufrido por la recurrente en el año 2014.

El órgano fiscalizador adujo que el desistimiento procede respecto de la renuncia voluntaria y no por la causal por la cual cesó el interesado.

Esto, a propósito de solicitud de reconsideración del dictamen N° 41.240, de 2005, por un funcionario de Carabineros.

El ente contralor adujo que tienen derecho al beneficio de alimentación los funcionarios de planta o a contrata que se desempeñan o prestan sus labores en un establecimiento dependiente de algún servicio de salud.

Esto, a propósito de reclamo de funcionario de PDI por descuentos que Dirección de Previsión de Carabineros de Chile ha requerido se practiquen en sus remuneraciones, por concepto de prestaciones médicas otorgadas a su hijo en condiciones de urgencia.

Esto, a propósito del reclamo de funcionaria solicitando que se le reconozca ese derecho por contar con título profesional de Ingeniero de Ejecución en Administración Pública, conferido por el instituto profesional Valle Central.

El ente contralor señaló, además, que curso de especialidad en Criminalística, conferido por ese mismo plantel de enseñanza, no es un título de técnico de nivel superior.

Esto, a propósito del reclamo de una exprofesora civil de la Escuela de Suboficiales del Ejército, en contra de la decisión de esa institución castrense, de solicitarle el reintegro de $1.237.322.