El caso muestra cómo la legislación nacional que resguarda la libertad de información, puede primar sobre las convenciones constitucionales y los «deseos de la reina».
El recurrido efectivamente incurrió en un acto ilegal, constitutivo de una discriminación en perjuicio de los recurrentes.
El demandante no logró acreditar que el Servicio de Salud haya prestado un servicio deficiente.
Carece de razonabilidad eliminar la publicación de una deuda morosa respecto del deudor principal y no la del avalista y codeudor solidario, en circunstancias que se trata de la misma obligación.
Fundaron su solicitud en lo dispuesto en el artículo 444 del Código del Trabajo.
La decisión de trasladar al imputado se adoptó tras considerar la situación sanitaria.
Se estableció como hecho pacífico que las partes se encuentran ligadas por un vínculo de naturaleza contractual.
Estableció la ilegalidad en el actuar de la recurrida que afecta gravemente la garantía de igualdad del niño respecto de otros estudiantes.
El máximo Tribunal concluyo que resulta indiferente la naturaleza del acuso recibo pues, faltando éste y siempre que no haya sido reclamada dentro del plazo legal, la factura podrá gozar de mérito ejecutivo
El recurrente pretendía la invalidación de la sentencia impugnada invocando como argumento la infracción de autoridad de cosa juzgada que reviste el fallo.
