El citado Tribunal estimó que el reconocimiento de la deuda y la negativa a enterar tal pago al sindicato referido, afecta la actividad que éste ejerce en defensa de los trabajadores.

Los recurrentes, sostuvieron que el acuerdo suscrito por los recurridos es un acuerdo entre privados.

La Corte Suprema sostuvo que, la revisión de la sentencia dictada por el TC en el marco de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad atenta contra la congruencia y unidad que debe tener la Carta Fundamental.

Tribunal de alzada estimó que el cumplimiento de tales obligaciones debe ser en tiempo y forma para no desproteger al trabajador, lo que configura una falta grave a las obligaciones del contrato de trabajo.

El recurrente fue juzgado por un procedimiento disciplinario, establecido en la Ley y con existencia anterior a la perpetración de los hechos investigados

Corte de Antofagasta señaló que la norma que reconoce derechos de dirigentes sindicales no permite atribuir automáticamente tal calidad frente a cambio de empresa, sin afectar libertad sindical.

De acuerdo con los antecedentes aportados por las partes no se advierten falencias en la convocatoria realizada por el recurrido, toda vez que se realizó en estricto cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley

No es necesario que los perjudicados operen como proveedores o compradores en el mercado afectado por el cártel.

La opinión del Abogado General es propositiva pero no vinculante para el TJUE.

Los agentes de la DINA involucrados, fueron condenados a 4 años de presidio, sin beneficios, por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado.