“El estatuto sectorial regula expresamente la confidencialidad temporal de la información reunida en el proceso de tarificación y dispone que, una vez concluido el acto administrativo terminal, habrá total publicidad de los antecedentes recopilados para ese fin por la autoridad competente, pues han servido de sustento o complemento a ese proceso tarifario”,

“no se ha aportado ningún antecedente de que se hubiere planteado como defensa de las empresas concesionarias que esta interrupción fuese irresistible o imprevisible, o que hubieren solicitado a la autoridad que sea calificada como fuerza mayor”.

“un análisis somero de las disposiciones constitucionales y legales que rigen la materia y como se verá, tanto los Tribunales Superiores de Justicia, como el Tribunal Constitucional y la doctrina administrativa de la Contraloría General de la República, como la opinión de esta Corte, coinciden en que a la ya mencionada Universidad, le resulta plenamente aplicable la Ley de Transparencia”, por lo que la decisión de CPLT en dicha parte es legal.

“el artículo 61 del D.F.L. 1 de Hacienda de 1993 que acorde con el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia debe entenderse como ley de quórum calificado. Esta norma señala que: “los profesionales y funcionarios que se desempeñan en el Consejo de Defensa del Estado cualquiera sea la naturaleza de su designación o contratación, estarán obligados a mantener reserva sobre los trámites, documentos, diligencias e instrucciones relacionados con los procesos o asuntos en que intervenga el Servicio siéndoles aplicables las disposiciones del artículo 247 del Código Penal”.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) informó que se presentaron 21 escritos de desistimiento en el contexto de un reclamo de ilegalidad actualmente en tramitación ante la Corte de Apelaciones de Santiago.En tres decisiones diferentes, el CPLT había ordenado al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) informar sobre la liberación de transgénicos, las ubicaciones geográficas exactas […]

“atendido el derecho constitucional sobre que incide y al principio de transparencia de la función”.

El máximo Tribunal tuvo presente lo dispuesto en el artículo 7 letra f) de la Ley N° 18.410, Orgánica de la SEC, según el cual el Superintendente podrá: “Delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios de las plantas directiva, profesional o técnica de la Superintendencia”, precepto coherente con las normas generales sobre delegación de funciones establecidas en el artículo 43 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Además no existe disposición constitucional ni legal que obligue a CONAF a no proporcionar los datos que solicita la reclamante; como tampoco se advierte la forma en que la develación de los antecedentes solicitados por la reclamante afecte el cumplimiento de las funciones de CONAF.

La sentencia desestimó la alegación del Ministro para no entregar la información -referida a que la solicitante no cumplió con la petición de subsanar su solicitud de información-, por cuanto en ésta no se le señaló con claridad los términos en que debía subsanar tal solicitud y sólo se le dice “que no son objeto de la ley de acceso aquellas solicitudes que podrían estar en la mente de las autoridades de los órganos de la Administración del Estado al momento de adoptar una determinada decisión o actuación, pero que no constan en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, o en formato o reporte determinado”.

el “principio general” contemplado en la Carta Fundamental y en la ley, tiene excepciones, siendo una de ellas “cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económicos”.