La Sala designada por el Presidente del TC confirió traslado por el plazo de diez días a las partes de la gestión pendiente y a sus apoderados
El TC declaró admisible el requerimiento de un grupo de senadores que solicitaron declarar la inconstitucionalidad respecto de la actuación del Presidente de la Cámara de Diputados.
Las gestiones pendientes incides en recursos de casación en la forma y en el fondo contra de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazando el reclamo de ilegalidad municipal.
Se dedujo acción de protección en contra del Director del Hospital San Martín de Quillota, por parte de un médico, a fin de que se declarara ilegal y arbitrario el hecho consistente en la negativa de acatar la decisión de la Contraloría Regional de Valparaíso respecto del reconocimiento de su fuero gremial, todo lo cual constituiría una vulneración del derecho a la sindicalización y del derecho de propiedad.
Se solicitó declarar inaplicables, por inconstitucional, los artículos 277, inciso segundo y 320 del Código Procesal Penal y 411 quáter, inciso primero, del Código Penal.
La gestión pendiente invocada incide en reclamación de liquidaciones, seguida en contra del Servicio de Impuestos Internos de la Región de Los Ríos, sustanciados ante el respectivo Tribunal Tributario y Aduanero.
Una vez evacuadas las diligencias aludidas, le corresponderá al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
El TC rechazó un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba el inciso 2° del artículo 277 del Código Procesal, referido a la apelación del auto de apertura del juicio oral por la exclusión de pruebas decretada por el juez de garantía. La gestión pendiente invocada incide en un proceso penal por el delito de amenazas seguido […]
La gestión pendiente incide en autos sobre el delito de incendio que conoce el Juzgado de Garantía de Coihaique.
Declarado admisible el requerimiento deducido, el Tribunal Pleno ordenó ponerlo en conocimiento del señor Presidente de la República y del Contralor General de la República.
