La moción señala que con la finalidad de “cautelar la debida legitimidad con la que un partido político influye en la conducción del Estado” debe consagrarse un “mecanismo democrático para la conformación del Consejo General”, y un “sistema de primarias obligatorias internas para la selección de todos los candidatos a cargos de elección popular”.

Señalan que no existe ninguna razón para distinguir entre las inhabilidades que deban afectar a los jueces que integran el Poder Judicial de aquellas otras que deban aplicarse a los magistrados del TC.

En el caso de los partidos políticos que no hubieren participado en la elección anterior, tendrán derecho a recibir una cantidad igual a la que le corresponde al partido que hubiere obtenido el menor número de sufragios.

Los parlamentarios que patrocinan la moción, señalan que existe un sinnúmero de otras causales que se relacionan con otros aspectos de la vida humana -de orden moral o personal- que pueden también justificar la renuncia.

Recuerdan que en el proyecto de reforma constitucional sobre transparencia, modernización del Estado y calidad de la política -patrocinado por el Ejecutivo- se consultaba una norma que se orientaba en esa dirección, la cual, sin embargo, no fue aprobada.

La iniciativa, patrocinada por los diputados Egaña, Estay, García-Huidobro, Hernández, Melero, Moreira, Paya, Recondo, Rojas y Von Mülehnbrock, propone modificar la Ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, para incorporar una imagen de los candidatos en la cédula electoral de votación para los cargos de diputados, senadores y Presidente de la República.

La moción expone que la Constitución, la Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y el Reglamento de la Cámara de Diputados señalan que le corresponde a esa rama del Congreso fiscalizar los actos del gobierno, facultad que puede ejercer mediante la creación de comisiones especiales investigadoras a las que se encuentran obligados a concurrir los funcionarios públicos.

De esta forma –señala la moción- se evitará que los candidatos burlen lo que exige la Carta Fundamental, de tener residencia en el distrito electoral correspondiente durante un plazo no inferior a dos años, contado hacia atrás desde el día de la elección, pues en la actualidad los candidatos suscriben contratos de arriendo en distintas regiones, con el fin de dar por cumplida, formalmente, la exigencia constitucional.

La moción expone que impedir que en días de elecciones abran los restaurantes, afecta a grupos significativos de la comunidad.

El Código Procesal Penal no establece plazo para el cierre de las investigaciones que realiza el Ministerio Público antes de formalizar, señala la moción patrocinada por los diputados Becker, Bertolino, Delmastro, Galilea, García, Vargas y Verdugo…