Lo anterior se condice con el artículo 16 de la Constitución Política de la República, que establece las causales por las cuales se suspende el derecho a sufragio, y entre las cuales se encuentra la de interdicción por caso de demencia y la de haber sido acusada la persona por delito que merezca pena aflictiva o condenada por delitos que atenten en contra del orden institucional de acuerdo al artículo 19 N° 15 de la Constitución.

La moción es patrocinada por los diputados Araya, Chahúan, Enríquez-Ominami, Escobar, Montes, Sepúlveda y Valenzuela.

Están integrados por seis miembros titulares, seis suplentes y un secretario, quienes deben haberse desempeñado como presidente de alguna de las mesas receptoras de sufragios que corresponda escrutar al respectivo Colegio.

El derecho a la educación, a desarrollar una actividad económica, el derecho de propiedad, la libertad para difundir las artes y la cultura son algunos de los derechos que la Constitución asegura que el Ejecutivo planteó podrían ser vulnerados por la iniciativa.

También precisa que si el TC “resuelve que uno o más preceptos de un tratado son inconstitucionales, deberá declararlo así por resolución fundada cuyo texto íntegro se remitirá a la Cámara de origen”.

Hoy, los magistrados de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones que concurren a esa elección lo hacen en secreto, lo que no se corresponde –señalan los diputados que patrocinan la moción- con el principio de publicidad y transparencia que la reforma constitucional de 2005 incorporó en el artículo 8 de la Carta Fundamental.

Esa legislación es perfectible, agregan, si se establecen nuevos principios de responsabilidad y se regula de una manera más exhaustiva el proceso de rendición de cuentas.

La moción señala que con la finalidad de “cautelar la debida legitimidad con la que un partido político influye en la conducción del Estado” debe consagrarse un “mecanismo democrático para la conformación del Consejo General”, y un “sistema de primarias obligatorias internas para la selección de todos los candidatos a cargos de elección popular”.

La iniciativa también propone que tanto la creación de las asignaciones parlamentarias, como su monto y reajustabilidad, quede determinado en los reglamentos de cada Cámara y su administración se haga en forma centralizada por los órganos internos de cada rama legislativa.

Recuerdan que el año 1998 se intentó regular las elecciones primarias para determinar el candidato presidencial, sin embargo el proyecto de ley no prosperó debido a que el TC resolvió que una iniciativa de esa naturaleza debía ser objeto de una reforma constitucional. (Rol Nº 279)