«Este Proyecto de Ley viene a encargarse de la responsabilidad política de quienes participaron directamente de la gestión administrativa y política del Gobierno Militar, impidiendo que todos los civiles que asumieron algún cargo de responsabilidad política puedan ejercer o postular a cargos públicos”.

La moción señala que el sistema actual, basado en la Ley N° 13.196, «Reservada del Cobre», no provee los requisitos mínimos de transparencia, eficiencia técnica, legitimación democrática y control de legalidad de los gastos en compra de armamento, el que “ha demostrado operar deficientemente, dando cabida a varios episodios de corrupción, que resultan difíciles de investigar y sancionar y dañan la moral y prestigio de nuestras Fuerzas Armadas».

La moción señala que la legislación procesal penal contiene un vacío en esta materia, pues si bien el artículo 347 del CPP establece que todas las medidas cautelares deben ser levantadas al momento de dictarse una sentencia absolutoria, la condición de desaforado se mantiene hasta que la sentencia este firme, es decir, hasta que se resuelvan los recursos que se presenten por todos los acusados.

Luego de verificar que fue aprobada en ambas Cámaras del Congreso Nacional con las mayorías requeridas por la Constitución, no se suscitó a su respecto cuestión de constitucionalidad y no se opone a la Carta Fundamental, la declaró conforme a la Constitución.

En cumplimiento del mandato constitucional se dictó la Ley Nº19.067 que estableció las normas permanentes para permitir la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la República y reguló la salida de tropas nacionales del mismo.

Moción patrocinada por los diputados Bertolino, Delamastro, Galilea, García, Isasi, Venegas y Verdugo.

El actual senador señaló que sus propuestas de reforma constitucional son sustanciales y se orientan en el propósito de “cerrar la transición a la democracia”.

Lo que había sido aprobado en primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados. Sin embargo, cuando correspondió el turno del Senado éste lo rechazó como una forma de criticar el sistema binominal, lo que obligó a constituir una Comisión Mixta.

La iniciativa, patrocinada por los diputados Jiménez, Latorre, Monckeberg, Ojeda, Palma, Rossi, Sabag, Schilling, Vidal y Ward, propone modificar la Ley Nº18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral.

Entre los fundamentos de la misma se señala que, tal como se ha facultado al TC para resolver sobre la constitucionalidad de los auto acordados dictados por la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y el Tribunal Calificador de Elecciones, resulta necesario también que pueda ejercer análoga atribución en relación a los reglamentos que dictan ambas ramas del Congreso.