Observa luego que países como México, Uruguay y Argentina, tiene legislaciones vanguardistas y pioneras en materia de protección de datos y han creado Agencias u organismos especializado en su protección y que contribuido de gran manera mejorar sustancialmente el nivel de transparencia en las operaciones de transferencias de datos y de cómo hacer valer los derechos de los ciudadanos frente a posibles abusos, o tratamiento errado o desviado de los mismos.

La moción de los diputados Aguiló, Carmona, Castro, Espinosa, González, Gutiérrez, Meza, Pacheco y Teillier, expone que durante el gobierno del Presidente Salvador Allende, el Congreso Pleno aprobó por unanimidad la Nacionalización del Cobre, lo que “constituyó un hecho histórico para el país y que se ha denominado, el día de la dignidad nacional”.Observa luego […]

También la iniciativa propone reemplazar el actual artículo 19 N°11 por uno que prescriba que la libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, y esta libertad no tiene otras limitaciones u obligaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y las derivadas de su función social y el bien común.

«Toda persona imputada de delito tiene derecho irrenunciable a ser asistida por un abogado defensor proporcionado por el Estado si no nombrare uno en la oportunidad establecida por la ley”.

El quórum de aprobación del plebiscito será la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos y una ley orgánica constitucional, regulará el procedimiento y sus efectos vinculantes.

La Sala Cámara de Diputados aprobó –con 96 votos a favor- un proyecto de reforma constitucional, iniciado por moción de los diputados Calderón, Cerda, Eluchans, González, Hoffmann, Molina, Rivas, Schilling, Squella y Torres, que establece la obligación de las autoridades de confianza política y funcionarios públicos de comparecer a las comisiones investigadoras luego de haber […]

En efecto, de ahí deriva que “el derecho a la educación sea también un derecho social, pues obliga al Estado a otorgar a cada individuo la posibilidad de alcanzar el mejor desarrollo de sus aptitudes físicas e intelectuales”.

De esta manera, al cumplirse seis meses en el ejercicio del cargo, el Presidente de la República debiera someter su plan de gobierno -conteniendo la política, planes, programas y proyectos específicos- al Congreso Nacional para su aprobación, el que de ser aprobado tendrá carácter obligatorio para el Gobierno y para el Congreso Nacional.

La Constitución establece que “Una vez dictado sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, el que hubiere sido sometido a proceso o condenado en cualquier instancia por resolución que la Corte Suprema declare injustificadamente errónea o arbitraria, tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado de los perjuicios patrimoniales y morales que haya sufrido”, indemnización que debe […]

(…) si se considera que la postulación a un cargo parlamentario es un acto absolutamente libre” se debiera estimar también que debe “existir la misma libertad para renunciar al cargo para el cual fue electo”.