La Comisión contextualiza las complejas transformaciones que impactan al territorio de la Panamazonía donde los derechos humanos de las comunidades han sido afectados por normas, políticas públicas y prácticas enfocadas principalmente en la ampliación de las fronteras extractivas de recursos naturales y en el desarrollo de megaproyectos de infraestructura.

La Corte estimó que se vulneró el derecho a la consulta previa de esta comunidad, al obviar el carácter material y sustancial que tiene el reconocimiento de las comunidades indígenas y defender un acto administrativo sin considerar la realidad.

En el país oceánico se ha desarrollado una amplia discusión sobre la idea de prohibir los celulares en las escuelas. Mientras que en el territorio de Victoria ya se tomó la decisión de prohibir el uso a partir de 2020 en establecimientos de educación primaria y secundaria, en Nueva Gales del Sur solo se aplicará en la primaria.

La Ley de Víctimas, contenida en el artículo 208 de la Ley 1448 de 2011, se consideraría contraria al marco constitucional de la paz establecido en los Actos Legislativos 1 y 2 de 2017.

Consideran que sólo eso permite reconocer la filiación de las niñas con la madre de «intención»,

El nuevo sistema de interacción en las plataformas de economía colaborativa requiere de mecanismos ágiles que permitan gestionar los conflictos.

La Comisión verificó que el Estado chileno promulgó la Ley 20.784 mediante la cual se modificó el estatuto de personal de Carabineros de Chile, a fin de crear una nueva instancia para la calificación y clasificación de su personal de nombramiento institucional.

El Gobierno bosnio «no ha aportado ninguna justificación a la inacción de las autoridades» para devolver esa parcela, por lo que el retraso supone «un rechazo a ejecutar las decisiones».

El Tribunal estimó que la empresa de mantenimiento de ascensores no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que justifiquen una duración superior a tres años.

La falta de interés de algunos Estados, la poca presión ejercida por organizaciones de la sociedad civil en el caso de algunos Estados firmantes del texto (desde setiembre del 2018), así como la presión de algunos influyentes sectores en la dirección opuesta, pueden explicar estos tímidos resultados para un instrumento internacional extremadamente innovador.