El Tribunal Supremo ibérico consideró que la existencia de cámaras de videovigilancia instaladas en el entorno seguro de comercios o establecimientos que den a la vía pública y capten imágenes de un hecho que es delito ?como ocurrió en este caso- no suponen una vulneración del derecho a la intimidad y a la propia imagen, en contra de lo que alegó el recurrente en su recurso.

No es necesario que los perjudicados operen como proveedores o compradores en el mercado afectado por el cártel.

El recurso de agravio incurrió en la causal de rechazo prevista en el acapite d) del fundamento 49 de la sentencia expedida en el Expediente 00987- 2014-PA/TC y en el inciso d) del artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional.

No sólo se trata de una entrega de manera regular, constante y reiterada todos los años, sino que resulta patente que tal ofrecimiento se hacía con plena y consciente voluntad de beneficiar a los trabajadores de la plantilla, a todos sin excepción ni condicionamiento.

El máximo Tribunal ibérico ratificó las penas de 5 años de prisión para la madre por el delito de prostitución y a los cuatro acusados a 9 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

El máximo Tribunal español desestimó todos los motivos planteados por el recurrente en contra la sentencia del tribunal de Ciudad Real que le impuso la citada pena por los delitos de maltrato, de lesiones y un delito de aborto.

Al tomar su decisión, la Comisión valoró que el propuesto beneficiario se encontraría privado de libertad en la Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi (Cárcel de Latacunga), y estaría siendo objeto de intimidaciones, hostigamientos y amenazas dentro de dicho centro.

El Tribunal Constitucional peruano señaló que, es perfectamente permisible que, a través del proceso de habeas corpus, se tutele el derecho a la libertad de tránsito de una persona cuando de manera inconstitucional se le impida o límite el ingreso o salida de su domicilio.

No cabe duda que las justificaciones oficiales dadas por Estados Unidos y su particular interpretación de las reglas imperantes serán objeto de fuertes debates en los círculos jurídicos especializados, así como en futuras sesiones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Constituye una facultad constitucional del legislador el dar, modificar o derogar leyes, y es en ejercicio de esta facultad que puede establecer una nueva regulación de las relaciones y situaciones jurídicas existentes de los profesores de la Ley 24029, anterior Ley del Profesorado.