El proceso se origina en la presentación realizada por un abogado español, quien recurrió a la Agencia Española de Protección de Datos a fin de que Google retirara información de su buscador.
Cabe recordar que este organismo, en reiteradas ocasiones, ha expresado su preocupación por el tema en Chile.
A partir de esta modificación, los casos correspondientes a violaciones de los derechos humanos de personas civiles serán conocidos y juzgados por el sistema ordinario de justicia y no por tribunales castrenses.
La Comisión instó al Estado a investigar de oficio y con la debida diligencia los hechos acaecidos en el respectivo centro educativo y a establecer las responsabilidades penales que correspondan.
El Pleno del Tribunal Constitucional español acogió parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de ese país en contra de la Comunidad Autónoma de Cataluña por la imposición de nuevos tributos.
Cabe recordar que luego del retorno de Duvalier a dicho país, acaecido en enero de 2011, las víctimas presentaron acciones penales con miras a hacer efectiva la responsabilidad del denominado “presidente vitalicio”.
La sentencia concluye declarando la improcedencia de un nuevo pronunciamiento sobre el contenido normativo de los artículos demandados, ya que anteriormente se declaró su inconstitucionalidad parcial.
La Comisión sostuvo que el Estado de Chile no cumplió con las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo. En el mencionado documento, la CDIH formuló una serie de recomendaciones al Estado.
La Sala Primera del TC español anuló dos sentencias dictadas por un Juzgado de Valencia y por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), presentó un informe en el que se analizan las principales modificaciones efectuadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a su reglamento que entró en vigencia en agosto del 2013.
