Un Tribunal de California dictó recientemente una sentencia que condena a la tabacalera RJ Reynolds –fabricante de cigarrillos Camel, More, Winston, Salem, entre otros- a pagar una indemnización a la demandante por un monto de 23.600 millones de dólares.
Arguye la sentencia que la Policía Nacional tiene el deber de intervenir en situaciones en las que se evidencie la puesta en marcha de actuaciones que denoten un contenido sexual propias de desarrollar en la esfera íntima y privada de todo ser humano y no en espacios públicos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacó la aprobación en Brasil de la Ley N° 13.010, publicada en el Diario Oficial el 27 de junio, que prohíbe el castigo físico a niños y niñas.
La Magistratura con sede en Luxemburgo concluyó que la representación de la disposición de un espacio de venta por medio de un simple dibujo en el que no figuran indicaciones sobre el tamaño o las proporciones puede registrarse como marca.
La Corte Constitucional de Colombia declaró la constitucionalidad de la expresión “la formulación de la acusación” del numeral 5º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, que aprueba el Código de Procedimiento Penal de aquel país.
El TC español concluye manifestando que “la existencia de una acreditación de ámbito nacional no produce un desplazamiento o vaciamiento de la competencia autonómica”.
Expresa el fallo que la norma tampoco restringe para estos profesionales la posibilidad de desempeñarse en otras actividades de las cuales deriven ingresos para su subsistencia
La decisión fue acordada con el voto en contra de la jueza alemana Angelika Nussberger, y la sueca Helena Jäderblom, quienes sostuvieron, en esencia, que «una prohibición tan general, que afecta al derecho de toda persona a su propia identidad cultural y religiosa no es necesaria en una sociedad democrática».
En votación dividida, la Corte Suprema de los Estados Unidos, resolvió que las empresas con pocos accionistas del país quedarán exentas de pagar métodos anticonceptivos de sus empleados en razón de argumentaciones religiosas.
La investigación explica los principios generales que deben servir de guía para la protección del derecho a la libertad de pensamiento y expresión en el entorno digital.
