La FSIA, por sus siglas en inglés, establece una normativa especial que permite demandar a un país extranjero en las Cortes de EEUU, sea estatal o federal, cumpliéndose determinadas circunstancias.

Las enmiendas se podrán votar por adelantado durante los seis días previos o en algunas regiones incluso por internet.

Uno de ellos contaba con un título privado de terapias naturales, y el segundo, con títulos extranjeros relacionados con ciencias de la salud, pero carecían de titulación expedida o reconocida en España para ejercer la medicina.

En el certificado de exención del servicio militar de la República de Moldavia se exponía que la persona era VIH positivo.

La figura de la reelección indefinida no ha sido precisada en el sistema interamericano en algún texto o instrumento internacional, tampoco en una decisión u opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La práctica sobre ella es variada.

El 26 de mayo de 2020 será recordado como un día histórico para los derechos humanos en Latinoamérica, en especial para los de la Comunidad LGBTI, pues Costa Rica se ha convertido en el primer país de Centro América en reconocer el «Matrimonio Igualitario».

Además, Tribunal Supremo de España confirmó la condena al acusado a que pague indemnizaciones por la suma de 411.915 euros en favor de familiares de las víctimas, así como del propietario de la vivienda donde cometió los asesinatos.

La sentencia establece que dichas prácticas de vigilancia también están «sujetas» a los derechos fundamentales, aunque se produzcan fuera de territorio alemán y que la ley que las regula actualmente infringe dos de ellos, el derecho al secreto de las comunicaciones y el derecho a la libertad de prensa.

La sentencia del TEDH resalta la importancia de proteger los derechos de las víctimas de abuso sexual en los procedimientos penales, para no incrementar el daño que ya han sufrido, lo que podría desincentivarles de denunciar estos hechos.

La Corte Constitucional señaló que, en una acción de incumplimiento, solamente le corresponde velar por la observancia del señalado marco delimitador de la actuación de los poderes públicos, pero no tiene atribución para interferir con el referido margen de discrecionalidad operativa.