El director de Amnistía concluye que «no será posible conocer el pleno alcance de las violaciones de derechos humanos cometidas contra los rohingyas y otras minorías étnicas hasta que se permita a la misión de investigación de la ONU y a otros observadores independientes el acceso sin trabas a Myanmar y, en particular, al estado de Rajine”.

Se condenó a Turquía por vulnerar el derecho a reunión garantizado por el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

De acuerdo con el fallo, la mujer presentó una demanda de protección a su derecho al honor por intromisión ilegítima al verse incluida en el fichero de morosos de la codemandada Asnef-Equifax, producto de una incorrecta deuda derivada de una factura de 312,88 euros de Canal Satélite Digital (CSD).

Alegan que medida discrimina a las mujeres musulmanas y viola la Constitución provincial y nacional.

Se aclara que la Comisión no decretó una medida cautelar, sino que solicitó al Gobierno que la dictara, pues legalmente ella carece de potestad para hacerlo.

Se sostiene que a través del establecimiento de altas exigencias en el cuidado a personas de la tercera edad y gracias a una ley que los protege de abusos, el país nipón cuenta con el mejor ambiente para las personas en sus últimos años de vida.

El órgano señala que poblaciones civiles enteras que han sufrido asedios y bombardeos intensivos no han tenido más opción que marcharse o morir al aplicarse los denominados acuerdos de “reconciliación” entre el Gobierno sirio y los grupos armados de oposición.

Al llegar la Guardia Civil se encontró con que el pasajero sospechoso se había marchado y se hallaba en un vuelo con destino a Tánger. La demandante, que debía de haber vigilado al sospechoso, siguió revisando equipajes.

Se sostiene que estar en un registro de morosos sin causa alguna ya no tendrá que ser un quebradero de cabeza para muchos ciudadanos que, por razones ajenas a su voluntad, aparecen inscritos en dichos registros. Un fallo del Tribunal Supremo de 21 de septiembre aprecia la indemnización del derecho al honor vulnerado por esa inclusión indebida.

Se ordenó a la Acumar que en el plazo de 30 días acompañe la información requerida, adecuando el informe a la clasificación establecida en la sentencia del año 2008.