Publican “Australia y su sistema de voto obligatorio que facilita el proceso de inscripción”.
Se señala que el caso australiano demostraría con hechos históricos sus consecuencias positivas para la representatividad y participación democrática.
Se señala que el caso australiano demostraría con hechos históricos sus consecuencias positivas para la representatividad y participación democrática.
Según el fallo de la Corte, el Estado peruano violó el derecho al trabajo en relación a las garantías a la estabilidad laboral y la libertad de asociación con fines laborales del señor Lagos del Campo por no protegerlo ante el despido arbitrario.
La jueza sostiene que “el que maltrata a un animal también despliega su instinto agresivo contra una mujer, hijos, ancianos o personas que considere inferiores”.
La posibilidad de que Evo Morales opte a la reelección es motivo de intensos debates.En febrero de 2016 un referéndum popular negó la posibilidad de modificar la Constitución para permitir, nuevamente, la inscripción del actual mandatario como candidato. CIDH resolvió que no está amparado en la Convención.
En Chile, en 2001 se sustituyó la pena de muerte por la de presidio perpetuo efectivo de 40 años en diversos textos legales, pero el Código de Justicia Militar la mantiene para varios delitos en tiempos de guerra.
En su sentencia, el máximo Tribunal trasandino hizo suyos los argumentos esgrimidos por la Procuradora Fiscal.
Al no ser una entidad que forme parte de la administración pública, no está obligada a informar sobre los muebles e inmuebles aunque sean bienes que integren el Patrimonio Cultural de la Nación.
La sentencia condena a la estafadora a un año de prisión, una multa de 540 euros y una indemnización de 1.110,49 euros, además del deber de asumir ésta misma la suma de las costas procesales.
La mujer descuidó la higiene y la nutrición de sus hijas antes de entregarlas a un matrimonio.
El director de Amnistía concluye que «no será posible conocer el pleno alcance de las violaciones de derechos humanos cometidas contra los rohingyas y otras minorías étnicas hasta que se permita a la misión de investigación de la ONU y a otros observadores independientes el acceso sin trabas a Myanmar y, en particular, al estado de Rajine”.