Ello, luego de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú recomendó destituir a un magistrado y suspender a otros tres por modificar el fondo de una sentencia sobre el caso El Frontón.
Cabe recordar que los requirentes habían presentado las solicitudes para registrar sus matrimonios entre el año 2011 y el año 2012.
La Comisión advirtió que la familia habría sido víctima de desplazamiento producto de la violencia ejercida por parte de la “pandilla 18”, a partir de las denuncias que habrían impulsado por el presunto asesinato de integrantes del grupo familiar.
La Comisión sostiene que la medida supone un retroceso para los derechos de las mujeres, de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas y de los niñas y niños a recibir una educación libre de estereotipos basados en ideas de inferioridad o de subordinación.
Esta expresión la utilizaban los estudiantes de derecho cuando transportaban los manuales escritos por el insigne jurista Bártolo de Sassoferrato.
La Corte señala que El Estado de Israel, como un estado de derecho que es, no puede aferrarse a los cadáveres para los fines de las negociaciones en un momento en que no existe una ley específica y explícita que le permita hacerlo.
Corresponde ahora que la Comisión Permanente del Parlamento se pronuncie sobre la acusación constitucional, que puede ratificar o archivar.
La decisión fue acordada con el voto particular del Magistrado Valdés Dal-Ré.
En el trabajo se analiza la equidad como criterio central de la delimitación marítima, para luego referirse al significado y alcance de los principios equitativos.
No puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el magistrado denunciado pudo ejercer su derecho de defensa.
