A juicio de los expertos “las protestas callejeras y los disturbios no constituyen una situación excepcional que justifique per se la suspensión de derechos fundamentales”.
En Chile, hace más de un año que se tramita ley para fijar una regulación.Se ha aprobado en general en la Comisión de Transportes y se sigue discutiendo.
Iniciativa popular “Por precios más justos” reunió 107.908 firmas ciudadanas, más de las 100.000 requeridas para generar una votación a nivel nacional sobre el tema de bienes de consumo asequibles.
Fue recurrida por el Gobierno español en defensa de sus competencias y del patrimonio cultural.
El referido manual fue promovido a partir de 2015 por el entonces Procurador de Derechos Humanos (PDH), Jorge De León Duque, ante lo cual en junio pasado se interpuso un amparo en su contra para dejar sin efecto el manual y exigir a la procuraduría dejar de promover el aborto.
Se acogió parcialmente la acción de tutela incoada por una pareja de ciudadanos venezolanos.
El órgano plantea que la ejecución judicial en secreto de dos hombres refleja el impenitente desprecio del Gobierno de Japón por el derecho a la vida.
Ni la agencia que hizo de intermediaria ni la pareja española que arrendó su vientre –por el que pagó 35.000 euros como estipulaba el contrato- quieren hacerse cargo de los 9.500 euros de gastos médicos causados por la enfermedad.
Ello, luego de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú recomendó destituir a un magistrado y suspender a otros tres por modificar el fondo de una sentencia sobre el caso El Frontón.
Cabe recordar que los requirentes habían presentado las solicitudes para registrar sus matrimonios entre el año 2011 y el año 2012.
