De acuerdo a información disponible, la CIDH señala que el 5 de febrero la bloguera fue víctima letal de un ataque con arma de fuego perpetrado por individuos que irrumpieron en un restaurante que era de su propiedad en la zona de Costa Azul, municipio de Acapulco.

El órgano plantea que en ese país las mujeres que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos y mortinatos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto, prohibido en todas las circunstancias. Los fiscales suelen acusarlas de ?homicidio? o incluso ?homicidio agravado?, que entraña una pena de hasta 50 años de prisión.

De acuerdo al órgano las propuestas son contrarias a la obligación contraída por ese país en virtud del derecho internacional de proteger el derecho a la libertad de asociación, de expresión y de circulación.

La Comisión solicita al Estado a adoptar inmediata y urgentemente todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida, a la integridad y a la seguridad de defensoras y defensores del derecho a la tierra y al medio ambiente en Brasil.

La Corte advierte que si los estudios de impacto ambiental no incluyen un análisis social, este análisis debe ser realizado por el Estado al momento de supervisar dicho estudio.

El término jurisprudencia deriva del vocablo latino juris «derecho», prudentia «sabiduría».

En su sentencia, el Tribunal europeo consideró probado el trato inhumano y degradante a los etarras, basándose en la gravedad del sufrimiento soportado por los demandantes, uno de los cuales tuvo dos costillas fracturadas y pasó cinco días en el hospital.

Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, afirmó que ?negándose a liberar a Ahed Tamimi, las autoridades israelíes no hacen sino demostrar su desprecio por la obligación de proteger a niños y niñas, contraída en virtud del derecho internacional?.

La pregunta clave no es ¿de quién son los datos?, sino ¿a quién afectan los datos?

Expertas instan al Estado de Perú a cumplir de forma pronta y sin dilación con su obligación especial de proteger y respetar los derechos de las comunidades en aislamiento voluntario y contacto inicial, dada su situación particular de vulnerabilidad.