Corte IDH realizará audiencia pública en caso Terrones y otros vs. Perú.
A la fecha no se conocerÃa el destino o paradero de ninguna de las vÃctimas.
A la fecha no se conocerÃa el destino o paradero de ninguna de las vÃctimas.
La consejera Margarita Romero señaló que «en Chile el desplazamiento interno no cuenta con un tratamiento formal por parte del Estado, siendo que es enfrentado desde una posición de coyuntura (desastres naturales), o de nuevos desafÃos desde el punto de vista de las polÃticas públicas (cambio climático), aunque a un nivel muy primario».
El organismo pide que se respeten plenamente las prohibiciones de armas quÃmicas y biológicas contenidas en el derecho internacional. Estas armas no deben emplearse y sus arsenales deben ser también destruidos.
El TC ibérico consideró que el sistema diseñado por la ley para garantizar la enseñanza en castellano sostenida con fondos públicos no respeta el reparto de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma.
La Magistratura Constitucional española acordó conferir traslado de la demanda al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, asà como a la Generalitat de Cataluña, que dispondrán de quince dÃas para personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes.
El máximo Tribunal español rechazó los argumentos del acusado, que defendió haber actuado en ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión y a la creación artÃstica, y subrayó que el lenguaje del rap es extremo, provocador, alegórico y simbólico.
El animal cruzó la calzada dirigiéndose hacia la bicicleta y la mujer frenó, cayó al suelo y se rompió un brazo.
Los cambios introducidos en iCloud son la señal más reciente de que el represivo aparato legal de China está poniendo las cosas difÃciles a Apple para poder mantener sus compromisos con la seguridad y privacidad de los usuarios, indica el órgano.
El Tribunal Europeo señaló que la empresa SNCF (empresa estatal de ferrocarriles) tolera que sus agentes usen puntualmente para fines privados los recursos puestos a disposición de los trabajadores mientras se especifican las reglas a seguir.
La sentencia indica que «el discurso del odio es claro en su afirmación antijurÃdica y tÃpica».