Una medida puramente humanitaria como ésta, fundada en el derecho nacional e internacional podría, en parte, mitigar la profunda afectación que las familias padecen (parejas e hijos pequeños) y que ya llevan recorridos ya más de 35.000 kms con sus traslados constantes para las visitas a la cárcel

El derecho a la información está limitado por otros derechos del mismo peso como la intimidad personal y familiar, la honra y el buen nombre de las personas sobre las cuales se informa.

La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Maqueda y Rosatti, quienes consideraron que los recursos extraordinarios son inadmisibles, por lo que se debió desestimar las quejas.

El TGUE sostuvo que «considera que una parte significativa del público pertinente asociará el término 'messi' al apellido del célebre jugador de fútbol y, en consecuencia, percibirá el término 'massi' como un término conceptualmente diferente».

Los parlamentarios solicitan al Ejecutivo que el Ministerio de Relaciones Exteriores pida una investigación ante la Organización de las Naciones Unidas.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas del organismo, señala que el Presidente tiene el deber de escoger a un o una Fiscal General que garantice una justicia pronta y efectiva y que de efectivamente cumplimiento a los compromisos internacionales de Guatemala en materia de derechos humanos.

Milena Buyum, responsable de campañas del organismo en Turquía sostiene que «durante los nueve meses que ha durado este juicio, la Fiscalía no ha presentado ni una sola prueba de acto delictivo. Está claro que la intención de estas sentencias de motivación política es infundir temor y silenciar cualquier forma de disidencia».

Con relación a las personas haitianas, plantea el organismo, es preocupante la exigencia de una visa consular, pues podría fomentar el ingreso a Chile por pasos irregulares e incluso podría aumentar los índices de tráfico humano.

El caso de Mario Montesinos Mejía se relaciona con la detención ilegal y arbitraria de la víctima por parte de agentes policiales en 1992, los actos de tortura en su contra, así como a la falta de garantías judiciales en los procesos penales que se le siguieron.

El organismo revela cómo el ataque creciente contra quienes defienden los derechos humanos está destruyendo la vida de cientos de miles de personas en Turquía, restringe la labor vital de las organizaciones y deja a ciertos sectores de la sociedad turca en un estado de miedo constante.