Asombra la osadía de quienes, no ya sin leer la sentencia sino en un caso en el que las principales pruebas no han sido públicas, son capaces de discernir entre el delito contra la libertad sexual cometido con prevalimiento y la agresión sexual perpetrada con intimidación.
Al parecer se habrían publicado en al menos dos foros con seguimiento masivo en internet.
Se recuerda que una de las «herramientas» de gestión del tiempo más usada a nivel mundial que diseñó Dwight David «Ike» Eisenhower, jefe del Estado Mayor del ejército de los EE.UU. de América durante la Segunda Guerra Mundial, quien posteriormente fue Presidente.
Pronunciamientos del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de Perú que reconocen o precisan derechos de los trabajadores.
Cuando los Tribunales Constitucionales en lugar de dejarse guiar por la generosa transformación e innovación que enriquece la jurisprudencia, la literatura jurídica y política, se deja atrapar por la hegemonía ideológica, desprestigio, corrupción desarrollada, nepotismo, acoso laboral y el autoritarismo, el resultado no puede ser otro que el desmantelamiento del Estado de Derecho y la consiguiente desarticulación del Estado Constitucional.
Expertos para la libertad de expresión de la ONU, OSCE, CIDH y la Comisión Africana de Derechos Humanos emitieron su Declaración Conjunta de 2018 en un evento que se llevó a cabo Accra, Ghana.
Seif Magango, director adjunto del organismo para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos, sostiene que «esta condena, basada en una serie de cargos falsificados por las autoridades, debe ser anulada, y Germain debe ser puesto en libertad de inmediato».
El texto expone que son 6 palabras que poseen un contenido genérico y complejo, que se proyecta a lo largo de todo el proceso, desde su inicio (el acceso a la jurisdicción) hasta el final (la ejecución).
De acuerdo con lo que dispone el «Protocolo de actuación frente al acoso sexual, al acoso por razón de sexo, al acoso discriminatorio, y frente a todas las formas de acoso y violencia en la Carrera Judicial», este marco legal para la reprobación disciplinaria a los jueces y magistrados, por las manifestaciones realizadas en sus resoluciones, debería verse ampliado.
La CC colombiana sostuvo que se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la justicia la seguridad social y al mínimo vital de la accionante.
