El Estado español no ha cumplido en su integridad las Decisiones comunitarias, que son de carácter vinculante y obligatorio.
El máximo Tribunal Interamericano acogió parcialmente cuatro de las siete excepciones preliminares propuestas por el Estado.
El contenido de los contratos no sólo no son objeto de comunicación pública (lo cual puede encontrar cierta justificación), sino que su contenido tampoco es conocido por parte de la autoridad administrativa de control, circunstancia que puede suponer un foco de abusos.
El Tribunal responde así a la consulta del Reino Unido tras la denuncia de una pareja, formada por un nacional británico y una sudafricana, después de que Reino Unido rechazase la solicitud de residencia de ella por no estar casados en el momento de la petición.
El texto plantea que revertir el caso histórico no convertiría automáticamente el aborto en ilegal en todo el país, pero devolvería la decisión sobre su legalidad a los estados, en donde ya existe un mosaico de leyes que hace que este procedimiento esté más o menos disponible, dependiendo en gran medida de las inclinaciones políticas del liderazgo de cada uno.
El organismo sostiene que Matar Younis, de 48 años, podría enfrentarse a la pena de muerte o la cadena perpetua si es declarado culpable de cargos falsos de presuntamente «entablar una guerra contra el Estado» y «minar el sistema constitucional».
La terminación unilateral del contrato de trabajo de la tutelante por parte de la Universidad de Ibagué tuvo como fundamento motivos discriminatorios.
Están disponibles en inglés y español en la Academia de los Derechos Humanos del organismo.
El periodista fue el séptimo comunicador asesinado en México este año. Esta oficina recomienda al Gobierno mexicano que se fortalezcan los mecanismos de protección de los comunicadores.
Es un encargo del Gobierno que no afectará a lo sustancial de la Carta Magna pero irá más allá de lo simbólico.
