Debe haberse realizado fuera de un espacio en el que exista para alguno de los interlocutores expectativa razonable de privacidad, como puede ser en su trabajo profesional, domicilio o vehÃculo.
Pero lo que seguramente desconocen quienes aplican esta máxima es que esta ley es contraria a los principios de igualdad ante la ley y de equidad.
La Magistratura Constitucional colombiana concluyó tutelando los derechos fundamentales a la igualdad y a la educación de los menores de edad.
PolÃticas legislativas parecen partir de la base de que no somos iguales y que necesitamos una especial protección.
La sentencia también le condena al pago de una indemnización de mil euros y le impone la prohibición de comunicarse o acercase a la vÃctima a menos de doscientos metros durante tres años.
En ese intercambio dialéctico cada parte constaba el asunto a su manera, aportando las pruebas que consideraban más relevantes, sin permitir que un tercero interviniese.
La Corte IDH consideró que el reconocimiento del Estado constituye un allanamiento a las pretensiones sobre la violación de los derechos a las garantÃas judiciales y protección judicial.
Recuerda que es competencia del juzgado realizar la valoración de la prueba y explica que esta Sala, al no haber estado en el juicio oral, no puede realizar la revalorización de la misma.
El daño moral generado en uno de los cónyuges por la infidelidad del otro no es susceptible de reparación económica.
No todos los paÃses han presentado objetivos de adaptación cuantificables, lo que hace imposible monitorear las diferentes variables claves a través del tiempo y responder ante progresos que sean demasiado lentos o poco satisfactorios.
