El máximo Tribunal trasandino hizo suyos los argumentos esgrimidos por la Procuradora Fiscal.
Ante las manifestaciones que se anuncian para los próximos días, recuerdan que el Estado debe garantizar en todo momento el ejercicio del derecho a la reunión pacífica, el derecho a la libertad de opinión y expresión, así como a participar en la dirección de los asuntos públicos y a defender los derechos.
Se concluye que estamos ya en condiciones de dotar a la Justicia de un modelo administrativo propio del siglo XXI que asegure su independencia y garantice en todo el territorio nacional una homogénea prestación del servicio público que presta.
En primera instancia, la Audiencia Provincial de Navarra sí consideró que fue un delito de agresión sexual, y no un abuso, estableciendo una condena de 6 años de cárcel, pena que ahora repuso el Supremo.
El Informe Anual 2018 sobre seguimiento permite que los diferentes usuarios del Sistema Interamericano cuenten con una herramienta para consultar de manera sencilla y ágil cuáles han sido las acciones adoptadas por parte de los Estados y cuáles han sido los resultados alcanzados en cada caso.
Suele asociarse la violencia sobre la mujer sobre todo acto violento que lleva a cabo un varón sobre el otro sexo, sin embargo, a la luz de la actual legislación el concepto puede ser diverso según el ámbito en el que se aplique o el lugar en el que se esté afirmando.
La base de competencia usada por Guyana en su demanda contra Venezuela es una carta del Secretario General de Naciones Unidas del 30 de enero del 2018, recomendando que sea la CIJ la entidad a la que ambos Estados remitan su controversia, lo cual es considerado inaceptable por parte de Venezuela.
La Ley «De Identidad de Género» neutralizó el marcador sexo como la base material de los cuerpos generizados.
La Magistratura Constitucional colombiana tuteló el derecho a la educación de los estudiantes matriculados en la Institución Educativa San Felipe Neri de Cartagena.
Las disposiciones de dicha iniciativa de ley concederían «amnistía amplia, absoluta e incondicional» a favor de personas que hayan participado en la comisión de «delitos políticos, comunes conexos con éstos y en delitos comunes cometidos por un número de personas que no baje de veinte, antes del primero de enero de mil novecientos noventa y dos».
