Los Ministros Bertelsen y Correa concurrieron a lo resuelto en base a otros fundamentos, pero observan que la acción de inaplicabilidad no es un modo de corregir actos jurisdiccionales en que se haga una aplicación incorrecta o indebida de un precepto legal, aunque de ello resulte una infracción a una garantía constitucional.

Se planteó que el precepto legal impugnado vulneraba el artículo 19 Nº 3 de la Constitución al no describir de modo expreso y completo la conducta punible.

En síntesis, constituye una barrera injustificada y carente de razonabilidad al derecho de acceso a la justicia, que forma parte de la garantía de la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y del derecho a defensa en un procedimiento racional y justo, que consagra la Carta Fundamental (art. 19 Nº 3).

El requirente señala que el fiscal se niega a formalizar una investigación iniciada por querella del ofendido, lo que sólo podría hacer cuando previamente no se hubiere producido la intervención del juez.

La forma de actuar de un servicio público no satisface –dice el TC- las exigencias mínimas de un racional y justo procedimiento…

La norma exige consignar un tercio de la multa impuesta para que el juez le dé curso a la demanda de reclamo.

El TC resuelve que existe gestión pendiente ante un tribunal ordinario o especial desde que sólo basta una acción interpuesta, aunque no esté proveída ni notificada, y que en ella el requirente tiene la calidad de “parte reclamante”, pues habiéndose presentado demanda no se le ha puesto término por resolución con efecto de cosa juzgada, resultando indiferente que se encuentre momentáneamente estática.

El requerimiento se acogió sólo en cuanto la tabla de factores contemplada en el artículo 38 ter de la Ley Nº 18.933, e incorporada al contrato de salud de la requirente, en base a la cual se incrementó el precio de su plan de salud por efecto del factor etario que la afecta, no podrá ser aplicada para resolver la acción de protección en la que incide, por contravenir al derecho a la protección de la salud.

El TC desestimó la cuestión de admisibilidad, ya que aun cuando se alegue que el precepto legal impugnado se encuentra derogado el Pleno del Tribunal debe pronunciarse, reiterando, de otra parte, criterios uniformes de que basta que exista la probabilidad de que la norma tachada sea aplicada para quedar obligado a emitir decisión.

Se acepta que para cumplir con el mandato constitucional de dar asistencia a quienes no puedan procurársela por sí mismo el legislador emplee el medio de obligar a los abogados a desempeñar esta tarea –en forma excepcional y supletoria-, pero ello no autoriza a que se omita remunerar por dicha labor profesional.