Corte de Iquique estimó la medida como desproporcionada e ilegal.
Corte de La Serena Señaló que la medida carece de justificación razonable y contribuye a concentrar el poder de mercado de otros actores.
Máximo Tribunal señaló que actuación del propietario del predio constituyó autotutela que vulnera el artículo 19 N° 3 Inciso 5°.
Una cosa son las razones objetivas que justifican plenamente una eventual restricción para participar en un concurso público y otra totalmente distinta, las presunciones basadas en sospechas o simples conjeturas.
La Corte de Puerto Montt indicó que, el acto impugnado adoleció de arbitrariedad en cuanto no se hizo cargo de un análisis exhaustivo y subjetivo del caso en cuestión.
La Corte señala que los decretos de expulsión son arbitrarias por ausencia de fundamentos, afectando la libertad ambulatoria de los amparados.
Corte de Puerto Montt señaló que, en atención al inminente peligro de derrumbe del material desplazado, es necesaria la paralización de obras que pueden vulnerar las propiedades de otros vecinos.
El máximo Tribunal indicó que, del mérito de los antecedentes, apareció de manifiesto que en el libelo interpuesto en autos se mencionó hechos que eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.
La Corte Suprema por su parte, revocó la sentencia apelada y dispuso que en síntesis que, es posible concluir que el acto recurrido es ilegal y arbitrario.
El recurrente cumplió los requisitos para gozar de la pensión de jubilación minera completa conforme al artículo 6 de la Ley 25009.
