La Corte Suprema revocó la sentencia apelada señalando que, se vulneró el derecho a la integridad psíquica de la recurrente contemplado en el N° 1 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Tribunal de alzada indicó que la omisión de pronunciamiento amerita la nulidad del fallo impugnado.

Máximo Tribunal señaló que es aplicable la presunción del Código del Trabajo a funcionarios públicos.

Sentencia señaló que dan los indicios para establecer que ocurrió una discriminación contra el profesor.

La Corte Suprema señaló que, el órgano recurrido al resolver como lo hizo, a la luz de lo ahora resuelto por el Tribunal Constitucional, incurrió en una ilegalidad que importó la vulneración de la garantía de igualdad ante la ley.

La Corte Suprema señaló que, no cabe duda que la mantención de los datos después de haber transcurrido alrededor de cinco años desde la dictación del sobreseimiento definitivo, configuró un acto ilegal y además arbitrario.

El recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales del artículo 19 numerales 1 y 2.

La Corte Suprema señaló que, resultó posible colegir que el derecho a la honra del recurrente, consagrado en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República fue perturbado con las publicaciones objeto de la acción.

Además se le condenó por la arbitrariedad y duración irrazonable de la prisión preventiva.

La Corte de Antofagasta determinó que, el actuar de la recurrida, Instituto Profesional AIEP, es arbitrario.