La Corte de Puerto Montt indicó que, el acto impugnado adoleció de arbitrariedad en cuanto no se hizo cargo de un análisis exhaustivo y subjetivo del caso en cuestión.
Recurrente estimó vulneradas las garantÃas constitucionales consagradas en los numerales 2, 17, 24 y 26 del artÃculo 19 de la Carta Fundamental.
Corte de La Serena Señaló que la medida carece de justificación razonable y contribuye a concentrar el poder de mercado de otros actores.
Corte de Puerto Montt señaló que, en atención al inminente peligro de derrumbe del material desplazado, es necesaria la paralización de obras que pueden vulnerar las propiedades de otros vecinos.
Corte de Copiapó señaló que no existe un derecho indubitado que le asista al actor ya que es su responsabilidad resguardar la entrega de sus claves bancarias.
El recurrente fue juzgado por un procedimiento disciplinario, establecido en la Ley y con existencia anterior a la perpetración de los hechos investigados
El máximo Tribunal indicó que, del mérito de los antecedentes, apareció de manifiesto que en el libelo interpuesto en autos se mencionó hechos que eventualmente pueden constituir la vulneración de garantÃas de las indicadas en el artÃculo 20 de la Constitución PolÃtica de la República.
La Corte de Puerto Montt indicó que, resultó evidente que ésta no es una materia que corresponda ser resuelta por medio de la presente acción cautelar.
La decisión del máximo Tribunal indicó que debe posibilitarse a los solicitantes subsanar las imprecisiones que tengan sus solicitudes.
La Corte Suprema por su parte, revocó la sentencia apelada y dispuso que en sÃntesis que, es posible concluir que el acto recurrido es ilegal y arbitrario.
