El Tribunal de Alzada indicó que, los antecedentes aportados no constituyen elementos de convicción suficientes para estimar acreditado que en el presente caso existió algún acto arbitrario o ilegal.

El Tribunal de Alzada consideró que dicha arbitrariedad vulneró las garantías fundamentales consagradas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

La Corte de Santiago indicó que, la Resolución Exenta N° 122, resultó ilegal y arbitraria.

Se estimó que en la presentación efectuada en estos autos, no aparece que se hayan mencionado hechos que eventualmente puedan constituir una vulneración a las garantías constitucionales indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

La Corte de Santiago indicó que, el recurso fue presentado más allá del plazo establecido.

La Corte Suprema señaló que, la justificación dada por la autoridad para, ahora, rechazar la solicitud de autorización de uso y disposición de medicamento es arbitraria.

Máximo Tribunal señaló que se infringió el principio de reformar la sanción en perjuicio.

Recurrentes estimaron vulneradas su integridad psíquica, protección a la familia y derecho a réplica en medios periodísticos.

Los recurrentes, sostuvieron que el acuerdo suscrito por los recurridos es un acuerdo entre privados.

El Tribunal de Alzada indicó que, no se advirtió de modo alguno que la recurrida hubiere incurrido en una conducta ilegal y arbitraria.