La Corte de Santiago indicó que, el acto impugnado, es uno de mero trámite necesario para adoptar la decisión final, lo que aún no ha sucedido y, por lo mismo, sólo obedeció a las facultades propias de la institución recurrida.

La Corte de Santiago indicó que, en la presentación efectuada en autos, no apareció que se hayan mencionado hechos que eventualmente puedan constituir una vulneración a las garantías constitucionales indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Máximo Tribunal señaló que en cumplimiento formal de lo resuelto por la Contraloría Regional de Valparaíso, deberá invalidarse acto con resultado negativo y resolver nuevamente la solicitud de permiso de edificación.

La Corte de Valdivia indicó que, con el mérito de las solas publicaciones cuestionadas no es posible establecer una vulneración a la honra y propiedad sobre la propia imagen de la recurrida.

Corte de Puerto Montt indicó que las actuaciones de la entidad fiscalizadora regional se encuentran ajustadas a sus facultades.

Corte de Antofagasta señaló que actuación del magistrado se ajustó a las facultades que le confiere la Ley del Tránsito.

La Corte Suprema revocó la sentencia apelada y en su lugar declaró admisible el recurso de protección, debiendo dársele la tramitación correspondiente.

La Corte de Valparaíso indicó, en efecto, como lo ha sostenido la jurisprudencia sobre la materia y en particular la Corte en semejantes casos, si bien la ley faculta a la recurrida para adecuar un plan de salud, tal facultad, sin embargo, no puede ejercerse de manera arbitraria.

El recurrente estimó vulneradas sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 2 y 21.

El Tribunal de Alzada indicó que, en ningún caso, se les negó a los recurrentes la tramitación de su solicitud.