La Corte Suprema señaló que, el respeto al principio de proporcionalidad impidió aplicar la sanción de destitución, pues ello importaría una violación al principio de proporcionalidad.
La Corte Suprema señaló que, al otorgar el beneficio de que se trata únicamente por el año académico 2019 el Ministerio de Educación incurrió en un acto que debe ser tildado de ilegal y arbitrario.
La Corte de Santiago indicó que, la medida fue dictada por la autoridad facultada, dentro de la esfera de sus atribuciones, de manera fundamentada y en cumplimiento de una norma que autorizó que un funcionario sea llamado a retiro temporal mientras se instruyó el sumario administrativo respectivo.
La Corte de Santiago indicó que, el acto impugnado, es uno de mero trámite necesario para adoptar la decisión final, lo que aún no ha sucedido y, por lo mismo, sólo obedeció a las facultades propias de la institución recurrida.
La Corte de Santiago indicó que, en la presentación efectuada en autos, no apareció que se hayan mencionado hechos que eventualmente puedan constituir una vulneración a las garantías constitucionales indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.
La Corte de Rancagua indicó que, la actuación del recurrido alteró el status quo que regía en el sector, cometiendo un acto de auto tutela que vulneró el artículo 76 de la Constitución Política de la República.
El Tribunal de Alzada señaló que, el petitorio es propio de una acción ordinaria civil.
El recurrente estimó que se vulneró sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 1, 3, 4, y 24.
Recurrente estimó vulneradas la igualdad ante la Ley y su derecho a la honra.
El débito cuyo cobro pretende la recurrida y la factibilidad de agua potable son materias que exceden el marco de la acción de protección
