La recurrente estimó que se vulneró sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 2, 21 y 24.
La Corte Suprema indicó que, cambiar la función del recurrente a la de Profesional de Apoyo en el Área de Finanzas disminuyendo el grado en la Escala Única de Sueldos asociado a su función, configuró un acto arbitrario.
La Corte Suprema indicó que, no resultó posible reprochar arbitrariedad o ilegalidad al comportamiento de las recurridas.
La Corte de Santiago, declaró inadmisible el recurso de protección.
Máximo Tribunal señaló que actuación del órgano ministerial vulneró el derecho de igualdad ante la ley.
Máximo Tribunal señaló que existe en el recurrente una confianza legítima que debe ser protegida.
Máximo Tribunal ordenó al órgano administrativo realizar nuevos peritajes que den cuenta exhaustiva de los antecedentes médicos que funden la cobertura o rechazo a las licencias médicas.
Máximo Tribunal indicó que la falta de resguardos de la entidad financiera vulneró el derecho de propiedad del recurrente.
La Corte de Punta Arenas indicó que, no se pudo haber vulnerado ninguna garantía constitucional, de las invocadas por la recurrente, en circunstancias que no existió una perturbación o una afectación real y manifiesta a los mismos.
La Corte Suprema indicó que, en la especie se efectuó una diferencia arbitraria en perjuicio del recurrente al disminuir su jornada laboral.
