«El establecimiento educacional señala que la medida adoptada no es más que la aplicación del Reglamento que se entrega a cada alumna a principios de año y que se declara conocer y aceptar al suscribirse el contrato de prestación de servicios educacionales, donde se faculta al Colegio a tomar las medidas que allí se contienen en caso de infracción a la disciplina».

“el mismo texto legal aborda en su artículo 10 el tema de la permanencia en esta última clase de cargos, estableciendo que los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley; esto es, está implícita la facultad de la autoridad para poner término a las funciones del empleado a contrata antes de la fecha recién indicada”.

«En este aspecto parece necesario dejar especial constancia, que los recurrentes reconocen de forma expresa este específico requisito, desde el momento que expresan; sabíamos que Gendarmería de Chile era flexible con el requisito de la estatura de los postulantes”.

«no es necesario realizar una consulta especial a las comunidades indígenas cercanas a la zona si se han cumplido las exigencias que prevé la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, a cuyo amparo pueden aquellas formular sus observaciones».

«(…)no puede estimarse conculcada ninguna garantía constitucional si “no se encuentra acreditado por quien acciona por la presente vía que sea titular de algún derecho de uso o de servidumbre que lo autorice para transitar por el camino objeto de estos autos”.

La sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió dos recursos de protección interpuestos por funcionarios de Ministerio Secretaria General de la Presidencia y del Instituto Nacional del Deporte, a quienes se les puso término anticipado a sus contratas, y dispuso que deben ser reincorporados de inmediato al Servicio hasta el 31 de […]

…no cabe sino “dejar sin efecto el mismo y disponer que se revisen nuevamente los antecedentes fundantes de la solicitud y que se deje constancia formal de los fundamentos de la decisión adoptada en el acta que al efecto se elabore”.

Se vulnera “su derecho de propiedad sobre dicho bien incorporal, su derecho a la enseñanza y derecho de igualdad, por no otorgársele las oportunidades que el Reglamento Académico contempla, recibiendo un tratamiento discriminatorio”.

Una empresa dedujo un recurso de protección en contra del Centro de Mediación y Conciliación Individual de Valparaíso (órgano dependiente de la Dirección del Trabajo), ya que éste último le aplicó una multa por el despido de un trabajador. Aduce el recurrente que el acto impugnado vulnera la garantía constitucional del artículo 19, N° 3, […]

“por el hecho de ser la recurrente estudiante de medicina (…), es dueña de los derechos que emanan de esta calidad, y puede exigir que se le reciba en clases, rendir pruebas, exámenes, etc.”