Se dedujo acción de protección en contra de varios particulares por impedir el acceso o salida de la casa-habitación de la actora, ubicada dentro del sitio común que comparte con los recurridos.La Corte Suprema rechazó el arbitrio constitucional, por estimar que “no existen antecedentes suficientes en la causa para dar por establecido que los recurridos […]

«…, ha precluido la oportunidad para impetrar la acción, toda vez que en la primera ocasión en que fuera ingresado al recinto se sometió al procedimiento de registro establecido, mientras que en la segundo ocasión se negó, sin que los funcionarios del recinto insistieran en ello…»

La Asociación Chilena de Mantenedores de Ascensores (ACIMA) dedujo acción de protección en contra del Ministerio de Vivienda y Urbanismo por la dictación del

“aún cuando la resolución en sí misma no consignara las hipótesis precisas por las que se imponía la multa, ésta se basó en antecedentes que justificaban y explicaban la misma, de los cuales el recurrente tuvo conocimiento oportunamente”.

La Corte Suprema revocó la sentencia en alzada, al lograr convicción que se habría infringido tanto el derecho a sindicarse como el derecho de propiedad del recurrente.

“por no revestir la factura” ninguna de las “calidades referidas” para que procediera “la comunicación y posterior inclusión de ésta en la base de datos de DICOM era necesario que en ella constara el asentimiento expreso del deudor”.

“la medida de expulsión adoptada por la recurrida lo fue dentro del ámbito de sus facultades y dándose los supuestos que para ello establece la ley”

En su fallo, el máximo Tribunal consideró que el artículo 8° del precitado cuerpo legal “establece que el Servicio de Tesorerías pagará el bono a los beneficiarios y para ello el jefe superior del servicio o jefatura máxima respectiva le remitirá copia del acto administrativo que lo concede y los antecedentes que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en los números 2 y 4 del artículo 2° de esa ley”, que dicen relación con “tener 20 años de servicio a lo menos en las instituciones a que se refiere el artículo 1° y tener cumplidos 65 años de edad en el caso de los hombres”.

El recurrente aduce -en su presentación- que la Directora de la Escuela de Derecho se comunicó con él y le manifestó que no podía reprobar a más del 30% del curso, de acuerdo a los lineamientos de la Universidad.

“no significa imponer a la empresa la obligación de solventar con su peculio un consumo que no le corresponde, sino sólo reprocharle que no puede justificarse en ello para efectuar el corte de energía por sí misma, debiendo recurrir a los tribunales de justicia para obtener el resguardo de sus intereses en un procedimiento en que ambas partes sean oídas”.