Máximo Tribunal señaló que desde entrada en vigencia de modificación legal los recurridos están obligados a certificar sus desembarcos
La Corte de Concepción indicó que, del simple análisis de los documentos descritos no apareció antecedente alguno que permita concluir la existencia de un acto ilegal o arbitrario.
Corte de Valdivia señaló que no existe discriminación arbitraria hacia los recurrentes ya que conocían la forma de evaluación desde su incorporación a sus estudios universitarios.
El recurrente estimó vulneradas sus garantías del artículo 19 numerales 2 y 16 de la Constitución.
Corte de San Miguel señaló que la protección no es la vía idónea para impugnar estas decisiones administrativas.
Corte de Punta Arenas señaló que hechos no son susceptibles de ser conocidos en sede de protección.
Corte de Santiago señaló que no existe un derecho indubitado que resguardar.
Corte de Arica estimó que no existen claras vulneraciones y que argumentos de la recurrente serían sólo prejuicios.
La Corte Suprema señaló que, la actuación del recurrido vulneró las garantías constitucionales consagradas en los números 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental de la recurrente.
Los recurrentes estimaron vulnerada la garantía del artículo 19 numeral 1 de la Constitución Política de la República.
