La Corte Suprema señaló que, el recurrido incurrió en un acto arbitrario, al rechazar la cobertura adicional CAEC por el sólo hecho de no haberse gestionado el traslado e ingreso del paciente a la red cerrada, entre los días 29 y 31 de mayo del 2017.

La recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales del artículo 19 numerales 1, 2, 3, 4, y 24.

La recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales del artículo 19 numerales 1, 2 y 24.

La Corte Suprema señaló que, además de aparecer alejado al cumplimiento del Decreto Ley N° 3.063, sobre Rentas Municipales, de 1979, la conducta de la recurrida se mostró también carente de fundamento suficiente.

Recurrente estimó vulnerado su derecho de propiedad.

La Corte Suprema señaló que, se desprendió que el descuento de las remuneraciones de los actores, si bien apareció revestido de fundamento legal, resultó ser arbitrario.

La Corte de Punta Arenas indicó que, el recurso de Protección no resultó ser la vía idónea para discutir los hechos denunciados.

El recurrente estimó vulneradas sus garantías del artículo 19 numerales 1, 2, 3 inciso quinto y 24 de la Constitución Política de la República.

Recurrente estimó vulnerado su derecho de propiedad.

La Corte Suprema declaró admisible el recurso.