La Corte de San Miguel indicó en su sentencia que, es posible concluir que la actuación de la recurrida, fue ilegal ya que no se ajustó al procedimiento contenido en el Estatuto Tipo.
Corte de Santiago descartó ilegalidad y arbitrariedad en proceso donde actora no subsanó reparos de autoridades educativas.
La Corte de Apelaciones de Copiapó declaró que, el cierre de ambas plantas constituyó un acto por medio del cual, se buscó materializar la sanción de caducidad de la concesión impuesta a la empresa que las operaba
Recurrente estimó vulneradas las garantías de igualdad ante la ley y protección de su derecho de propiedad.
Máximo Tribunal señaló que hechos denunciados no constituyen vulneración de las garantías de igualdad y patrimonio a la recurrente.
Los recurrentes estimaron vulneradas sus garantías constitucionales del artículo 19 numerales 2, 16 y 24.
El recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales del artículo 19 numerales 18 y 24.
El máximo Tribunal señala que, al haberse interpuesto la acción constitucional el 23 de octubre de 2019, la misma lo ha sido dentro del plazo de treinta días contemplado en el Auto Acordado Sobre Tramitación del Recurso de Protección.
La Corte de Punta Arenas indicó en su oportunidad que, no constó del libelo de autos la mención de hechos que puedan constituir vulneración de la garantía invocada por la recurrente.
Lo denunciado por el recurrente es un conflicto contractual, cuyos derechos deber ser debatidos y probados mediante un procedimiento contencioso.
