Respecto del debate para promulgar una nueva Constitución Política en nuestro país, voces de diversas áreas han argumentado que hay muchos peligros en cambiar nuestra carta fundamental. Esta preocupación, válida, legítima y con fundamentos sólidos, a la fecha no ha podido conciliar una verdad evidente que, entre tantas personas ha pasado inadvertida o sencillamente se ha preferido no discutir: También hay peligros en no cambiar la Constitución, uno de tantos: su mutación sistémica, es decir, un cambio de naturaleza inorgánica.
Si después de este acalorado debate, proyectos de ley, voluminosas publicaciones académicas, eventos masivos y tiempo que será imposible recuperar no se hace al menos una reforma al texto constitucional, se corre el peligro de que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional innove por la vía jurisprudencial la interpretación de la Constitución. Terminando en unos pocos la decisión sobre los alcances y limitaciones de la norma jurídica base de todo nuestro ordenamiento legal. Esto no es baladí, pues podría socavar nuestra Democracia por la eventual pérdida de interés en la participación ciudadana. Por otra parte, podría acrecentar los cuestionamientos a la legitimidad de las autoridades, esa legitimidad que tanto reclama nuestra sociedad. Esta gradual decadencia tiene una razón muy clara, y es la falta de confianza que tiene la ciudadanía en los mecanismos que existen. Buena parte de la sociedad no se está sintiendo debidamente representada.
Este riesgo de la mutación inorgánica ya lo hemos vivido en Chile, cuando se transformó nuestro sistema de gobierno en uno mixto que fue catastrófico para la gobernabilidad durante la República Parlamentaria a partir de 1891.
Otra materia de interés público, es que para proteger la economía en estos tiempos de adversidad, necesitamos de un Estado de Derecho fuerte y que tenga legitimidad democrática. Para ello una condición necesaria es la participación electoral.
Queda, entonces, preguntarse cuándo nuestras autoridades electas harán sonar las alarmas de peligro de esta consecuencia inevitable, por no avanzar en una Constitución Política que emane de un acuerdo con amplios umbrales de participación ciudadana.

Fabián Molina Córdova
Abogado