En cualquier Estado que se quiera llamar democrático, algo tan básico como la dignidad humana debiera ser indispensable, dignidad que no se arregla con un bono o con pensiones de reparación, sino con verdad y con justicia.
Hoy, que atravesamos una crisis de probidad de similares alcances, se vuelve ineludible que las elites retomen su responsabilidad ética con la ciudadanía chilena. La honestidad de la República está en riesgo.
Tenemos razón entonces para pensar que como no ha habido legislador que haya demostrado que no ha recibido en su vida dineros ilegítimos de parte de empresas u otras fuentes nos asalta la duda de si hay alguna ley aprobada en los últimos años que lo sea.
La legitimación judicial significa repartir riesgos entre los litigantes, pero ni el Código de 1903 ni la academia chilena le han dado mayor importancia. A este desinterés se suman los tribunales con fallos como el que la Corte Suprema acaba de dictar en
En el último trimestre el país ha vivido una experiencia límite, así se desprende de lo que se comenta en todos los círculos. En los más de 40 años de consultoría a empresas nunca antes vimos una relación tan imprudente entre empresa y política
La libertad de opinión e información es inherente a la vigencia de un Estado de Derecho, pero ella siempre debe ser respaldada por quien la ejerce
¿Acaso ignora el Poder Ejecutivo que los laboratorios y quienes distribuyen medicamentos tienen algo que aportarle al juez acerca del defecto atribuido al medicamento y a la relación de causalidad que podría haber entre su ingesta y el daño sufrido?
Cualquiera sean las causales que se invoquen para legalizar esta práctica, el proyecto de ley para legalizar el aborto que el Ejecutivo se apresta a enviar al Congreso Nacional, contraría en forma evidente disposiciones expresas de nuestro derecho interno
¿Somos realmente conscientes que la humanidad con sus avanzados saberes, entre muchos otros ya disponibles, controla sondas exploratorias en las infinitudes del espacio exterior y del cerebro humano?
Nadie dice que Chile no necesita una reforma educacional, pero una buena y bien hecha que se haga cargo de las falencias y propicie las oportunidades.
