La incorporación de tribunales ambientales a nuestro ordenamiento jurídico, correspondía a un anhelo de distintos sectores de nuestra sociedad que buscaba mayor seguridad jurídica en las decisiones judiciales vinculadas  al medio ambiente y los derechos de todas las partes involucradas, pero ad portas de cumplir cinco años de su entrada en funcionamiento, estos han mostrado graves problemas en su funcionamiento, algunos develados recientemente por el Pleno de Corte Suprema, a propósito de la labor desarrollada por la Ministra visitadora Andrea Muñoz.
El caso del Tribunal Ambiental de Santiago es el que presenta las observaciones de mayor gravedad, constándose que el tiempo de tramitación de causas supera el año en promedio, llegando en el caso más extremo a los 618 días de tramitación. Este lapso de tiempo no deriva de la tramitación o la realización de diligencias que pueden realizarse en el marco de un procedimiento altamente tecnificado, sino que se concentra en el periodo de tiempo que va desde los alegatos de las partes a la dictación de la sentencia definitiva.
Pocas son las excusas que se pueden dar ante abrumadores hechos, que además se suman a la baja carga de trabajo que presenta, considerando, además, los niveles de gasto que involucra, si se lo compara con varios otros de la tipología de tribunales ordinarios que integran el Poder Judicial.
Una jurisdicción que ha sido establecida para dar una respuesta especializada y principalmente, oportuna a la ciudadanía en temas tan urgentes como la protección del medio ambiente, evidentemente no puede cumplir con el propósito esencial que se le exige a cualquier tribunal que se aprecie de tal, llegando en este caso a hacer carne aquella frase atribuida a Séneca que reza: “Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”.
Si bien debemos estar atentos a las medidas que va a adoptar el Tribunal para resolver este grave problema, tenemos que estar más alerta para ponderar las consecuencias que este retardo inexcusable tiene sobre el medio ambiente.

Gabriela Solís V.
Abogada
Profesora instructora Universidad Alberto Hurtado