Aprovechando la discusión del proyecto de reforma tributaria, considero que hay un elemento de modernización que podría incluirse y ser materia de análisis si es que se pretende instaurar un sistema impositivo acorde a lo que requiere un país que pretende lograr el desarrollo económico. Es el caso del Impuesto de Timbres y Estampillas, que es un tributo que grava el documento o los actos que involucran una operación crediticia de dinero y que deben costear las personas naturales o jurídicas.
Existen argumentos que señalan que el objetivo de este tributo va en contra de la meta de alcanzar el desarrollo económico, el que se puede potenciar con la generación de más emprendimientos. Esto, porque, por un lado, representa una baja recaudación impositiva –el Fisco recibe de él menos del 1,5% del total recaudado entre todos los tributos, según diversos estudios– y, por el otro, desincentiva la creación de pymes y emprendimientos al cobrar un impuesto que la gran mayoría tiene dificultades para financiar al inicio del negocio. A ello, se suman las trabas de acceso al financiamiento que se les impone a estas empresas.
Cabe preguntarse si aún se justifica la aplicación de este gravamen, por sobre la capacidad de proveer empleo y generar riqueza que pueden otorgar las pymes. Debe existir una discusión, para corregir la desviación que produce este tributo.

Javier Jaque López

Director Magíster en Tributación

Académico del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información

Universidad de Chile