El proyecto de ley que para legalizar el aborto el Ejecutivo se apresta a enviar al Congreso Nacional adolece de una flagrante inconstitucionalidad. En efecto, cualquiera sean las causales que se invoquen para legalizar esta práctica, el proyecto contraría en forma evidente disposiciones expresas de nuestro derecho interno y del derecho internacional suscrito por nuestro país.

En el plano interno, nuestra Constitución en el artículo 19, que señala los derechos fundamentales que el Estado asegura a todas las personas, se encuentra, en el numeral N°1, “el derecho a la vida del que está por nacer”, derecho que en este numeral no sólo queda consagrado, si no expresamente protegido.

A mayor claridad, el artículo 5to de nuestra Carta Fundamental señala expresamente que “Es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. Es evidente,  entonces, que  los diferentes órganos del Estado de Chile como lo son el Gobierno, el Congreso, el Tribunal Constitucional y otros deben respetar y promover “el derecho a la vida del que está por nacer” consagrado en el numeral 1 del artículo 19 del texto constitucional. Promover una ley que legalice el aborto va, indudablemente, en sentido contrario.

También un proyecto de tal naturaleza transgrede las disposiciones de la Convención Americana sobre Derecho Humanos, pacto suscrito por Chile y que en su artículo 4to. protege la vida “a partir del momento de su concepción”.

Lo que resulta sorprendente, inaceptable y también peligroso para la estabilidad del orden institucional es que sea el propio Gobierno, encabezado por su Presidenta, quién anuncie que enviará al Congreso un proyecto de ley que transgrede abiertamente la Constitución y el Congreso se disponga tramitarlo. De ser así, mañana cualquier particular podrá no respetar la ley argumentando que la Presidenta no respeta la Constitución.

Es de esperar que el Tribunal Constitucional repare esta flagrante violación a nuestra Constitución y afirme el estado de derecho vigente. (Santiago, 30 enero 2015)